La Unión Europea, dentro de su política de transición energética, ha impulsado desde hace varios años la imposición de restricciones medioambientales más severas para impulsar la adecuación de las formas de generación energética tradicionales a los nuevos estándares medioambientales, así como la aparición de formas de generación de energía independientes de los combustibles fósiles tradicionales basadas en energías renovables.

Estos nuevos criterios medioambientales (como límites de emisión más restrictivos), unidos a los económicos (como una baja rentabilidad actual del carbón y elevado coste de implantación de los procesos de depuración de los gases), ha llevado a varias centrales térmicas de carbón españolas a optar por el cese de su actividad a partir del día de ayer 30 de junio de 2020.

En concreto, siete de las quince que aún estaban operativas en el estado han cesado su actividad. Se trata de Compostilla II en León y Andorra en Teruel, ambas propiedad de Endesa; Velilla en Palencia, propiedad de Iberdrola; Narcea en Asturias, La Robla en Léon y Meirama en A Coruña, de Naturgy; y Puente Nuevo en Córdoba perteneciente a Viesgo. A ellas se añade que Iberdrola tiene solicitado el cierre de la central de Lada, en Asturias, a pesar de contar con las técnicas de tratamiento necesarias para cumplir con los estándares medioambientales.

Se prevé que el resto cerraran entre los años 2021 y 2025, salvo las de EDP, que ha fijado su calendario de cierre en el año 2030. El sector energético en España género, en el año 2018 (último con datos consolidados), un 17,8% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Por lo tanto, desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, estos cierres contribuirán enormemente a la reducción de las emisiones de GEI, especialmente de CO₂, en el estado. Igualmente tendrá otras repercusiones positivas tanto en el plano medioambiental, como una menor contaminación ambiental y contribución al cambio climático, como económico, permitiendo una mayor flexibilidad en el mercado de derechos de emisión de CO₂.

Con estas actuaciones España se encamina hacia la consecución de los compromisos adquiridos a través del Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020 de reducción de las emisiones totales de GEI para el año 2020 en al menos en un 20% respecto de los niveles del año 1990. Además, está decisión contribuirá igualmente para alcanzar los objetivos del conjunto de la Unión Europea marcados para los horizontes temporales de 2030, 2040 y 2050 (reducción del 40%, 60% y 80% de las emisiones de GEI respectivamente respecto a los niveles de 1990).